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A finales
de la década de 1970 el gobierno de España
sufrió una transformación, desde el régimen
autoritario (1939-1975) de Francisco Franco a una monarquía
parlamentaria bajo la Constitución de 1978.
La cabeza
del Estado español es un monarca hereditario, quien
también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El poder ejecutivo está en manos del presidente del
gobierno, quien es propuesto por el monarca y es elegido
para el cargo por el Congreso de Diputados. Él es
el encargado de nombrar los miembros del Consejo de Ministros.
Así mismo, hay un cuerpo consultivo que es el Consejo
de Estado.
En 1977 las Cortes unicamerales de España fueron
reemplazadas por un Parlamento bicameral formado por un
Congreso de los Diputados, con 350 miembros, y un Senado,
integrado por 259 miembros, de los cuales 208 son elegidos
en circunscripciones provinciales y el resto son designados
por las comunidades autónomas. Los diputados son
nombrados para periodos de cuatro años, por sufragio
universal de todas los ciudadanos a partir de 18 años,
bajo un sistema de representación proporcional. Los
senadores elegidos directamente se votan para periodos de
cuatro años sobre una base regional. Cada provincia
de la península elige 4 senadores y otros 20 son
elegidos por las circunscripciones de Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla.
Las
dos formaciones políticas mayoritarias españolas
son el Partido Popular (PP), un partido conservador que,
tras absorber a los democristianos y a los liberales, pasó
a ocupar el espacio electoral del centro-derecha, y el histórico
Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Otros partidos
con representación parlamentaria significativa son
Izquierda Unida (IU), una federación de grupos de
izquierda encabezada por el Partido Comunista de España
(PCE); y los partidos nacionalistas catalán, Convergència
i Unió (CiU), y vasco, Partido Nacionalista Vasco
(PNV), entre otros de carácter autonómico.
La Constitución de 1978 permitió dos tipos
de comunidades autónomas, cada una con poderes diferentes.
Cataluña, País Vasco y Galicia estaban definidas
como ‘nacionalidades históricas’ y utilizaron
una vía más simple para alcanzar la autonomía.
El proceso para otras regiones fue más lento y complicado.
Las comunidades autónomas han asumido considerables
poderes de autogobierno y aún continúan las
negociaciones con el gobierno central para conseguir mayores
competencias.
Cada
una de las 17 comunidades autónomas elige una asamblea
legislativa unicameral, que selecciona a un presidente entre
sus propios miembros. Siete de las comunidades autónomas
están compuestas por una sola provincia, las otras
10 están formadas por dos o más. Cada una
de las provincias, 50 en total, tiene un gobernador civil
nombrado por el ministro del Interior. Cada una de sus más
de 8.000 municipalidades está gobernada por un concejo
elegido popularmente, que a su vez elige a uno de sus miembros
como alcalde.
El sistema
judicial en España está regido por el Consejo
General del Poder Judicial, cuyo presidente es el del Tribunal
Supremo. El más alto tribunal del país es
el Tribunal Supremo de Justicia, dividido en 7 secciones,
cuya sede se encuentra en Madrid. Hay 17 tribunales superiores
territoriales, uno en cada comunidad autónoma, 52
tribunales supremos provinciales y varios tribunales menores
que se ocupan de los casos penales, laborales y de menores.
El otro tribunal importante del país es el Tribunal
Constitucional que controla el cumplimiento de la Constitución.
España
mantiene unas Fuerzas Armadas bien equipadas. El servicio
militar de nueve meses es obligatorio para los varones,
aunque existe una prestación social sustitutoria
de doce meses de duración para los objetores de conciencia.
Está en marcha un proyecto gubernativo para acabar
con el servicio militar obligatorio y crear un Ejército
profesional. En 2001 el país tenía un Ejército
de Tierra compuesto por unos 92.000 soldados, una Armada
de 26.950 y una Fuerza Aérea de 24.500. La Guardia
Civil, cuerpo integrado en las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
contaba con un contingente de 70.000 hombres para ese mismo
año. El país pasó a ser miembro de
la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) en 1982 y reafirmó esa alianza en un
referéndum en 1986. Una de las disposiciones del
referéndum fue la reducción de las bases aéreas
y militares estadounidenses ubicadas en España.
Desde
1949 se mantiene un sistema de pensiones de jubilación
y prestaciones por enfermedad y maternidad sufragados por
un fondo derivado de recaudaciones a patronos y empleados
que prevé, además, el apoyo a los grupos más
necesitados, garantiza el subsidio de desempleo y cubre
las necesidades sanitarias de toda la población.
En 1999 España contaba con un médico por cada
323 habitantes y se disponía de una cama de hospital
para cada 256 personas.
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